OPINIÓN | César Campos: Cuando se escupe al cielo

Resalto dos puntos fundamentales del enunciado anterior. Primero, “medidas autorizadas” pues no correspondió al magistrado aludido disponerlas de motu propio.
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Muchas opiniones circulan en torno a las medidas autorizadas por el juez Richard Concepción Carhuancho que concluyeron en la incautación de bienes a la familia de Ollanta Humala y Nadine Heredia, así como a los de la amiga de ambos, Rocío Calderón, por el supuesto delito de lavado de activos.

Resalto dos puntos fundamentales del enunciado anterior. Primero, “medidas autorizadas” pues no correspondió al magistrado aludido disponerlas de motu propio. La solicitud la hizo el fiscal especializado Germán Juárez Atoche. “En materia de proceso penal, rige un principio rogatorio. El juez no actúa de oficio ni dicta medidas cautelares de oficio. Lo hace a pedido de las partes (en este caso, del Ministerio Público)”, explicó ayer Concepción en una entrevista realizada por Milagros Leiva para ATV.

Las “marchas y contramarchas” atribuidas a este juez se infieren del plazo en que fue atendido el pedido de suspender la ejecución, lo cual fue aceptado en el extremo de permitir un mayor tiempo a la familia Humala-Heredia para abandonar la casa donde vivían (30 días), no para revocar la medida. Ya era extemporáneo.

Y segundo, que el delito imputado es clarísimo: lavado de activos. No de “aportes de campaña” como repiten sibilinamente Humala y sus defensores jurídicos u oficiosos. ¿Cuál es la definición de lavado de activos? “Todas las acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito”. ¿Y cuál es el trance de los HH? Haber recibido 3 millones de dólares de la “Caja de Operaciones Estructuradas” de la firma brasileña Odebrecht por pedido del hoy preso (por corrupto) expresidente de Brasil Luiz Inacio ‘Lula’ da Silva a Marcelo Odebrecht, acto ejecutado por su representante en Lima Jorge Barata durante la campaña electoral 2011.

Todas las presunciones –que ya lindan con las certezas– de cómo los HH licuaron ese y otros aportes en provecho propio, de sus familiares cercanos y de la amiga Calderón, están sobre la mesa. Casi nadie entiende por qué no se formaliza la acusación fiscal. Pero los actos previos tienen el marco legal de los Decretos Legislativos 1104 y 1106 (sobre pérdida de dominio y lavado de activos) dictados en abril del 2012 por el gobierno de los HH. Es decir, los cuchillos que ellos creyeron fabricar contra algunos adversarios políticos.

Pena auténtica por los hijos privados de un techo. Pero sus padres escupieron al cielo sin presagiar que la misma saliva les caería años después sobre la cabeza.

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