5 Nov, 2017

OPINIÓN | Ántero Flores-Aráoz: Miedo a firmar

“No creo que ninguna persona correcta esté en desacuerdo con la lucha contra la corrupción y sancionar, con severidad, a quienes cometen delitos vinculados a ella…”

Por Ántero Flores- Aráoz

Uno de los motivos por los cuales los trámites burocráticos no tienen cuando acabar, y los funcionarios responsables de las respectivas áreas se mueren de miedo a firmar cualquier autorización, licencia, permiso o concesión, es el te­mor a la penalización.

No creo que ninguna persona correcta esté en desacuerdo con la lucha contra la corrupción y sancionar, con severidad, a quienes cometen delitos vinculados a ella. Lo malo es cuando se exagera en la investigación y procesamiento penal.

Por mucho tiempo se ha creído que con sancionar con mayor rigor el delito, vamos a tener menos actos delictuosos y menor número de delincuentes. La ex­periencia demuestra que ello necesaria­mente no es así.

En la administración pública, los altos funcionarios están sometidos, por quí­tame está paja, como usualmente se dice, a que sean citados por Comisiones Ordinarias, de Fiscalización y de Investi­gación del Congreso, y en diversas opor­tunidades recibir un trato inadecuado cuando no irrespetuoso. Muchas veces ni siquiera se distingue la situación de investigado con la de simple testigo.

Por otro lado, por más justa y legal que pueda ser cualquier autorización que se otorgue, se sospecha de ella, y hasta en la prensa se insinúa inconductas respecto a ellas.

Cuando por el cargo que asumen altos funcionarios, re­quieren de la facilidad de transporte, pues ¡cuidadito! No se te ocurra ir a una misa de difuntos en la noche después del trabajo, te podrán acusar de “peculado de uso” por la utili­zación de vehículo estatal. No te podrán tampoco pasar un correo electrónico de emergencia familiar a la computadora asignada a tú despacho, pues estarías mal usando un bien público. Ningu­na exageración es buena.

Como no hay funcionario público “monedita de oro” que a todos les guste, algunas decisiones mortifica­rán a algunos, y lo más fácil en tales casos es acusar al supuestamente responsable del esperpento, de abu­so de autoridad y ¡allá va la denun­cia!, con la consecuencia que debes buscar abogado, pagarle honora­rios, vivir intranquilo porque no sa­bes cómo va el proceso, y atendien­do a cuanta diligencia se les ocurre a los juzgadores citarte.

Cuando dejaste el cargo público, seguramente pensó el cesante que ya estará libre de atender citaciones, notificaciones y comparecencias. Craso error, ello no termina NUNCA, te seguirán martirizando de por vida, y lo peor “filtrando” a la prensa que te citaron, pero sin distinguir el ser investigado, del procesado, o del sim­ple testigo, muchas veces supuesto, porque muy posiblemente del tema no sabes nada. Lo más grave, la prensa lo informa como si fueras investigado sin serlo, lo que de suyo ya es una afectación a tú prestigio, buen nombre y reputación.

Hasta en las investigaciones se deben cuidar las formas y ac­tuar con el debido respeto. Con las exageraciones lo único que logramos es que los funcionarios jueguen al “gran bonetón”, no por ¿quién la tiene?, sino por quién la firma, refiriéndome por cierto a cualquier autorización.

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