OPINIÓN | Ántero Flores-Aráoz: Contratos administrativos de servicios

“No es novedad que existe un gran desorden en la administración de personal a cargo del Estado…”

Por Ántero Flores Aráoz / expresidente de la República

No es novedad que existe un gran des­orden en la administración de personal a cargo del Estado. Hay diversidad de re­gímenes laborales, tantos como la ima­ginación más caótica lo pudiera diseñar, bastando revisar el informe que se hiciera en el gobierno de Valentín Paniagua por su ministro de Trabajo. Jaime Zavala Costa.

Los dos sistemas laborales públicos que congregan al mayor número de trabaja­dores, son los regidos por el Decreto Legis­lativo 276 y por el Decreto Legislativo 728. El primero es exclusivo para trabajadores públicos, y el segundo, siendo para traba­jadores privados, ha sido acogido por norma legal en infini­dad de organismos públicos. Tenemos, incluso, entidades como el Banco de la Nación que, prodigándose en el caos, tiene trabajadores en ambos regímenes.

Como cada gobierno que se sucede, irresponsablemente trata de incorporar más gente a la planilla pública, que al fin de cuen­tas se solventa con nuestros impuestos, ante el hecho que el Pre­supuesto General de la República carecía de mayor número de puestos públicos para satisfacer la voracidad de los militantes o partidarios, se recurrió al fácil recurso de contratar personal bajo la modalidad de “servicios no personales”

Evidentemente lo de los “servicios no personales” era un eu­femismo, pues los servicios que prestan los trabajadores son escrupulosamente personales. De lo que se trataba era de soslayar los costos laborales de cualquiera de los regímenes de contratación laboral regular. En buena medida, los “servi­cios no personales” eran un artilugio para contratar, no bajo las normas del Derecho Laboral, sino del Derecho Civil, ya que los “servicios no personales” no son otra cosa que el contrato de “locación de servicios” regido por el Código Civil.

Como bien suponen, la contratación de “servicios no personales”  era sin vacaciones, sin compensación por tiempo de servicios, sin seguridad social como tampoco se beneficiaban con regíme­nes pensionarios, y como cereza en torta, se trataban de contrataciones temporales, las cuales podrían o no ser prorrogadas.

Ante la situación expuesta, aunque cons­cientes de que al final del túnel todos los trabajadores del sector público regulares, deberían tener los mismos beneficios para sustituir la contratación de “servicios no personales”, se ideó por Mario Pasco Cos­mópolis, en el segundo gobierno de Alan García, la contratación de personal bajo la modalidad de “Contratos Administrativos de Servicios (CAS)”. Es decir, se pasó de la contratación normada por el Derecho Civil a la del Derecho Administrativo, en el ánimo que ello fuera tran­sitorio para su incorporación gradual al sistema general. Tam­bién se diseñó SERVIR como organismo técnico, que bajo reglas de eficiencia, meritocracia y concursos, que encaminara la ad­ministración de personal público a la modernidad.

Si bien los beneficios del CAS son menores a los del perso­nal regular, otorgan descanso semanal de un día, vacaciones de 15 días, 48 horas laborables por semana, seguridad social y pensionaria. Todo ello no lo tenían los trabajadores bajo el régimen de “servicios no personales”.

¿Es justo pasar al personal CAS a cualquiera de los regíme­nes regulares? La respuesta es afirmativa, pero se tiene que hacer responsablemente, en forma paulatina, y resguardan­do la seguridad presupuestaria, y sin olvidar que los congre­sistas no tienen iniciativa de gasto, por más que les encante hacer forados en el Presupuesto. Bastaría encargarle el tema a SERVIR para que lo haga con profesionalismo y sin poner en riesgo la estabilidad fiscal.

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