7 May, 2017

OPINIÓN | Aníbal Quiroga León: El indulto y Fujimori

Al ser una “gracia” no es un derecho exigible: nadie podría decir “tengo derecho a ser indultado”

El indulto es una gracia presidencial que permite a un conde­nado liberarse del cumplimiento de la pena manteniendo la condición de culpable y con antecedentes judiciales.

Es una figura excepcional. La regla es que el condenado por la justicia cumpla su condena en el plazo señalado. La Constitución dice, además, que es obligación del presidente cumplir y hacer cumplir las sentencias judiciales. La excepción es que solo algunos no cumplirán esa condena, que­dando exonerados del castigo, merced al indulto.

Al ser una “gracia” no es un de­recho exigible: nadie podría decir “tengo derecho a ser indultado” ya que como toda gracia es abso­lutamente discrecional. El presi­dente la puede dar y también la puede negar,. En algunos casos la gracia podría estar limitada por la ley. Ocurre con los condenados por narcotráfico quienes están excluidos del indulto. Pero también ocurre -por el principio de progresividad- que los derechos fundamentales deben ser interpretados conforme a la jurisprudencia de los tribunales internacionales a los que el Perú está adscrito.

Es el caso de la CIDDHH, su jurisprudencia ha dicho que los delitos de lesa humanidad no pueden ser considerados para el indulto ni para la amnistía.

La sentencia condenatoria a AFF sobrecalifica con abuso la tipificación de los delitos por los que fue encontrado responsable: homicidio califi­cado (asesinato), con alevosía, y secuestro agravado; como delitos de lesa humanidad. Lo expresa la parte conde­natoria del fallo, y repite la Corte Suprema que conoció su apelación. Esto fue un exceso porque tal sobrecalificación no consta en la autorización de la extradición chilena, ni en la denuncia penal subsecuente, ni en la acusación del fiscal que debe ser parámetro de la sentencia. Se incumplió con el principio acusatorio afectán­dose la defensa de AFF que no se pudo contradecir tal sobre-acusación.

El TC revisó el caso con un ha­beas corpus y, salvo el valiente voto del magistrado Sardón, el fallo mayoritario cohonestó esta sobrecalificada condena: dejó incólume la condena con el sello de lesa humanidad. Por eso el impase del presidente frente al indulto de AFF. Si decide hacerlo se enfrentará a la jurisprudencia de la CIDDHH y a que esta revire su presiden­cial decisión, con el costo político que eso trae.

La única solución jurídica pasa porque el Perú eleve una consulta vinculante a la CIDDHH para que sobre la base de su interpretación de la Convención, y su jurisprudencia, defina la procedencia del indulto en el caso de AFF, con todos los antecedentes de su singular caso. No hay de otra.

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