OPINIÓN | Ana María Vidal: Convenios privados y secretos entre la PNP y las empresas

Lo que parece ser una buena noticia esconde un grave incumplimiento por parte del Ministerio del Interior.

Por Ana María Vidal

Uno de los primeros anuncios del Mi­nisterio del Interior, este 2017, fue que los convenios entre la Policía Nacional del Perú y las empresas mineras serán publicados antes de ser sus­critos. Lo que parece ser una buena noticia esconde un grave incumplimiento por parte del Ministerio del Interior. Hasta la fecha no sabemos cuántos convenios vigentes exis­ten entre las empresas extractivas y la PNP. Hasta la fecha estos convenios vigentes no se han hecho aún públicos, pese a que este fue un ofrecimiento hecho meses atrás por el viceministro Ricardo Valdés. No empeza­mos bien el año.

Son demasiados casos en los que la Poli­cía ha matado a peruanos por supuestamen­te defender las instalaciones mineras. Uno de los últimos casos fue la del señor Quintino Ce­receda en Apurímac. Lamentablemente, no es el único. Solo en este gobierno ya hay tres muertos por uso abusivo de la fuerza. En el gobierno de Humala hubo más de 50. Todos estos muertos aún no encuentran justicia. Los culpables siguen libres y sin condena.

Cuando mataron al señor Cereceda, el Go­bierno ofreció realizar las investigaciones per­tinentes. Hasta la fecha no conocemos avance alguno. No han identificado al policía que dis­paró, que lo mató. Tampoco sabemos quién dio la orden. Lo único que sabemos es que el Ministerio del Interior dijo que la policía actúo recibiendo órdenes de la empresa.

Hasta ahora no nos dicen por qué no ha­cen públicos los convenios. Quizás porque des­de el Ministerio del Interior ni siquiera pueden controlar toda esta información. O porque sa­ben que a pesar de toda la legalidad con que los quieran revestir vía leyes y decretos legs­lativos, este tipo de convenios vulnera el prin­cipio de imparcialidad de los servicios públicos y son inconstitucionales. O porque todas esas contrataciones millonarias, que han ido a pa­rar a cuentas bancarias que no conocemos, po­drían ser también desconocidas para el mismo ministro. Si no, ¿cómo se explica tanto silencio?

Desde el Instituto de Defensa Legal, EarthRigths International y la Coordina­dora Nacional de Derechos Humanos he­mos solicitado al Ministerio del Interior que informe sobre estos convenios, cuántos es­tán vigentes, cuánto dinero se ha recibido y a dónde fue a parar este dinero; así como cuántos policías en actividad hay en la actua­lidad trabajando al servicio de las empresas bajo estos convenios o en cualquier otra mo­dalidad. Ya pasó más de un mes de ese pedi­do, aún no tenemos respuesta. Este retra­so en la entrega de la información es ilegal.

Es necesario que el Gobierno empiece a hacer públicos todos los convenios. Pero no es suficiente. Tenemos que saber cuán­tos convenios existen y debemos conocer­los al detalle, a qué cuentas bancarias fue a parar todo el dinero entregado por las em­presas y, sobre todo, quiénes dieron las ór­denes para que tantos peruanos termina­ran muertos. Seguimos a la espera.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

TAMBIÉN PUEDES LEER: