OPINIÓN | Álvaro Pinto Cárdenas: Más recaudación… ¿Para qué?

si hacemos una revisión del crecimiento del Estado en los últimos 20 años (1999-2018), de acuerdo con la información del Portal de Transparencia Económica
Álvaro Pinto Cárdenas Álvaro Pinto Cárdenas

Recientemente han aparecido noticias sobre la preocupación –y las acciones a tomar–  para que el Estado pueda llegar a obtener los recursos que –supuestamente– necesita para este 2018. Serían 157,158’747,651.00 soles para este año que recién empieza. Para hacernos una idea de esta inmensa cantidad de dinero, podría hacer la suposición de que, como ya somos 32 millones de peruanos, pues cada uno tendría que aportar –al Estado–  algo más de 4,911.21 soles al año, o 409.27 soles al mes.

 

Si hacemos una revisión del crecimiento del Estado en los últimos 20 años (1999-2018), de acuerdo con la información del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, verificamos que pasó de casi 32 mil millones de soles (31,947’306,720.00) a los más de 157 mil millones de soles actuales. Es decir, en estos 20 años, el Estado ha crecido casi 5 veces (para ser exactos, 4.9 veces). En realidad, este sería un crecimiento bueno si estuviésemos analizando la evolución económica de una empresa. Pero el Estado NO es una empresa, aunque así lo comparen recurrentemente.

 

Primero, en una empresa hay dueños claramente identificados pues son quienes han aportado – voluntariamente–  su capital para crearla; mientras que para el caso del Estado tendríamos que referirnos a los Contribuyentes que son quienes aportan –involuntariamente– su dinero mediante la recaudación. Es cierto que las contribuciones no son iguales, como tampoco lo son las participaciones en el accionariado de las empresas.

 

Luego, si nos enfocamos en los colaboradores o empleados, podemos asegurar que siempre serán contratados y se mantendrán en su puesto mientras respondan positivamente a las expectativas de la empresa. Con el Estado, “contratamos” –en elecciones– personal político que no conocemos pero que tendrán por varios años una estabilidad laboral –casi perfecta– que los protege aunque ocasionen daños.

 

Finalmente, está el Objeto Social. En la empresa se predetermina y los dueños tienen la legitimidad de mantenerlo o cambiarlo de acuerdo con sus intereses, asumiendo su propio riesgo. En el Estado, los políticos toman decisiones sobre a qué se va a dedicar este, bajo el supuesto – erróneo–  de conocer los intereses de los dueños. Lo peor de todo es que los recursos derrochados con esas malas decisiones no son suyos.

 

La defensa de los Principios de Libertad Individual y Propiedad Privada implica dudar SIEMPRE del ejercicio del Poder Político y del uso de nuestros recursos.

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