14 Nov, 2017

Nueva acusación constitucional en contra del fiscal de la Nación

Parlamentaria independiente presentó demanda contra Pablo Sánchez Velarde por haber nombrado irregularmente al fiscal Hamilton Castro y otorgarle facultades de ‘todopoderoso

La congresista Yeni Vilcatoma presentó ayer una acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, por infracción a la carta magna al haber emitido dos resoluciones, la primera que nombró al fiscal Hamilton Castro para que sea el encargado de investigar el megacaso de corrupción de Odebrecht, sin ser el idóneo, y la segunda que le amplió sus facultades.

“Ha cometido una infracción a la Constitución, pues el sistema donde se debió haber tramitado la investigación, debió ser crimen organizado, porque se trataba de una asociación ilícita para delinquir, de talla internacional, que ya se conocía en el Perú”, declaró Vilcatoma, quien se convierte en la segunda persona que denuncia constitucionalmente a Sánchez.

En esa línea, la legisladora no agrupada manifestó que no solo se desvió el curso normal de la tramitación de  la investigación por crimen organizado de corrupción a  funcionarios, sino que también se designó a un fiscal no idóneo, ya que Hamilton Castro no había dado ningún tipo de resultado en las investigaciones que había tenido a su cargo con las empresas brasileñas en el Perú.

Según la parlamentaria, la designación del fiscal Castro generó una serie de perjuicios a la investigación penal, porque no habría iniciado indagaciones a otras personas naturales y jurídicas que están vinculadas al caso Lava Jato.

Vilcatoma sostuvo que la designación de Hamilton Castro fue un hecho que no se había visto antes en el Ministerio Público, como brindar facultades a un ‘todopoderoso’ como representante de la institución judicial, que solo tuvo la función de poner obstáculos para no avanzar con las investigaciones, contra la corrupción de las empresas consorciadas.

“Hasta el momento, no se ha iniciado una pesquisa preliminar contra la empresa brasileña Odebrecht, como persona jurídica, a las empresas consorciadas y a los funcionarios que laboraron durante todo este tiempo”, indicó la parlamentaria.

 

Lo más grave,  GyM

La parlamentaria informó que la empresa Graña y Montero ha tenido el tiempo necesario para contratar una empresa internacional de “investigación forense” para “autoauditarse” y poder  realizar otras pesquisas que al final determinen que solo ellos no habían cometido actos de corrupción.

Con ello, prosiguió, se atentó contra las pruebas que debieron haber sido recogidas por el fiscal, pero ante la negativa de Hamilton Castro, Graña y Montero pudo hacerse una autoauditoría para limpiarse, vendiendo su patrimonio.

“El objeto de la acusación constitucional, es por haber hecho una infracción contra la Constitución en las investigaciones contra Odebrecht, Graña y  Montero, OAS, Camargo y Correa y otras a nivel nacional”, aseveró Vilcatoma.

Asimismo, declaró que el fiscal de la Nación le amplió las facultades a Castro para que solo él, de forma exclusiva, pueda recibir aquellas denuncias que pudieran existir a nivel nacional por crimen organizado y lavado de activos.

Anotó por último que, hasta el momento, el expresidente Alejandro Toledo es el único investigado en el caso de la Interoceánica y que el exempresario de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, no concluyó su procedimiento de colaboración eficaz, todo gracias al Ministerio Público.