13 Ago, 2017

Marcos Ibazeta: “Políticos y empresarios que están en lista de Odebrecht deben declarar ante Fiscalía”

El expresidente de la Corte Superior, Marcos Ibazeta, lamenta lentitud del Ministerio Público y el poco apoyo del Estado. Afirma que se recibe información “gota a gota”.

Por: Enrique Rodríguez Escudero

El expresidente de la Corte Superior de Lima, Marcos Ibazeta Marino, afirmó que todas las personas –polí­ticos y empresarios– que aparecen en los registros de Odebrecht deberían de­clarar por qué figuran ahí. Aclara que estar en esos registros no significa que sean culpables de algo. En entrevista con el diario Exi­tosa señala también que Sendero Luminoso se ha in­filtrado en los organismos gremiales, ante la pasividad de las autoridades.

En el caso Lava Jato, la fis­calía del Brasil dice que en un teléfono de Odebrecht figura el nombre de Keiko Fujimori, esa no es una acu­sación, pero el ambiente político ya se alborotó…

Creo que ellos pueden tener anotaciones de todo, sobre cualquier político o empre­sario, pero eso no prueba nada. Esa anotación debe dar lugar a una pesquisa. Hay que estar atentos para ver cuál es la magnitud de lo que tienen y cuántas personas figuran en ese aparato administrativo que ellos tenían.

La llamada Caja 2…

Así es, la Caja 2. A nuestros fiscales les están dando gota a gota la información. La idea es que le den todo el abanico de los involucra­dos. Eso podría motivar que la gente se vaya olvidando de las cosas y se acomode la realidad, y al final esas anotaciones no tengan for­ma de ser corroboradas. El hecho de que estén (perso­nas) ahí no significa que hayan cometido algún ilí­cito. Deben llamar a decla­rar a todos los que se en­cuentren ahí (en la lista). Debe haber un convenio de fiscalía a fiscalía, entre Perú y Brasil, para obtener toda la información que tiene Odebrecht.

¿Cómo califica el papel de la Fiscalía en el caso Odebre­cht?

Muy lento. Aquí debe com­binarse la acción de Fisca­lía con el Estado. La Fiscalía debe tener une estructura con elementos técnicos. Ahora la Fiscalía investiga con desconfianza hacia otras instancias. Los fiscales quieren hacerlo todo ellos solos. No confían en la Poli­cía, por ejemplo. Si siguen así no tendrán apoyo.

A la Fiscalía hay que darle mayor capacidad de movi­lidad, con tecnología, con vehículos, con presupuesto propio, pero sobre todo con el respaldo del Estado para investigar. Porque si no va a continuar la percepción de la gente, que piensa que se protege a unos y se denun­cia a otros. El caso de Toledo es clamoroso. El trascendi­do es que no se hizo nada para traerlo.

El Estado no demuestra vo­luntad para apoyar…

La percepción es que no. Cuando Eliane Karp lanzó el misil y dijo al Presidente que sabía lo que había he­cho, después de eso se dice que hubo modificación de las reglas jurídicas y que algunas se hicieron en un día. Pero ya Toledo ha dicho: “yo no sé lo que hacían mis ministros”, y Pedro Pablo Kuczynski fue ministro de Toledo, entonces hay una percepción del pueblo de que todos se protegen.

¿La Fiscalía ya debió haber pedido el embargo de los bienes de Odebrecht para la reparación civil? Hasta aho­ra esa empresa solo ha dado 64 millones de dólares…

Sí. Pero es que están en una negociación para que el tema Odebrecht no perjudi­que al país. Que la salida de Odebrecht del Perú no sig­nifique un detonante para una crisis económica, o que profundice la crisis que ya vivimos. Por este caso se han perdido miles de pues­tos de trabajo, los proveedo­res están perdiendo porque no pueden cobrar y eso está llegando a una base social muy amplia.

He escuchado por las procuradoras removidas (Julia Príncipe y Katherine Ampuero) que habían cal­culado en 2 mil millones de dólares la reparación civil. Pero no hemos escuchado la sustentación jurídica de eso. Por otro lado, un fun­cionario de Odebrecht dice que se está aplicando una fórmula con los criterios que han usado en Estados Unidos para establecer los daños y que con esos crite­rios los montos no superan los 60 millones de dólares. Pero no nos dan el sustento jurídico.

El Gobierno está en un di­lema que nos está costando mucho, porque le han deja­do megaobras faraónicas (Chinchero, el Gasoducto Sur Peruano, la refinería de Talara) que debió cor­tar. Como no lo ha hecho, está cargando un pasivo gigantesco.

¿El Decreto de Urgencia 003 no beneficia al Perú? ¿Se debe modificar?

No beneficia al Perú, sino a las empresas brasileñas. Pero es el único salvavi­das que el Gobierno tiene para que no le explote el vacío económico que pro­vocaría la salida abrupta de Odebrecht. Creo que la Fiscalía con la Procuradu­ría deberían estar interac­tuando para establecer el monto exacto de la repara­ción civil para el Perú.

Un decreto de urgencia está sometido al control del Congreso. El Legislativo lo dejó pasar, entonces lo ava­ló, es norma vigente y tiene que aplicarse. Y en su apli­cación alguien tiene que pagar el costo político, en este caso, el Ejecutivo. Pero el Legislativo también por­que no dijo nada. Ahora cuando han pasado meses y meses, no se deben lavar las manos.

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