Falta de quórum en Comisión de Ética salva a fujimorista Ponce

De los seis congresistas que se requerían para sesionar, apenas se presentaron cinco miembros del grupo de trabajo.

El Congreso de la República no cuenta con una comisión que sancione a los legisladores que trasgreden las normas que rigen en su funcionamiento. Pasadas las diez de la mañana, la Comisión de Ética debió instalarse pero ello no ocurrió porque solo cinco miembros se encontraban presentes, y no los seis requeridos para que se inicie la sesión. Lo grave es que hoy debía verse el caso de la congresista fujimorista Yesenia Ponce, pero quedará para la próxima sesión.

Ante esta delicada situación, el presidente de esta comisión, el legislador Juan Carlos Gonzales (FP), hizo un llamado a los voceros de las diversas bancadas para que definan y determinen su participación en la comisión que preside.

Recordó que desde el año pasado algunas bancadas decidieron retirarse de la Comisión de Ética (APP, FA y AP), pero aclaró que en el Parlamento esa figura no existe. Ante esta situación, señaló que conversó el tema con el presidente del Congreso Luis Galarreta a quien pidió interponga sus buenos oficios para agilizar, en todo caso, la reestructuración de dicha Comisión.

A la sesión asistieron, además del presidente, las legisladoras de Fuerza Popular Milagros Takayama, Ursula Letona y Milagros Salazar; también Mauricio Mulder (APRA). El cuórum para iniciar la sesión era de seis integrantes, número al que no se llegó.

La agenda de la Comisión de Ética consignaba para evaluar siete nuevas denuncias, el informe final del caso de los legisladores Guillermo Bocangel y Edwin Donayre, también el informe final (cuatro expedientes) referentes a la congresista Yesenia Ponce.

Del mismo modo, el legislador se pronunció para que bancadas, como Nuevo Perú, también cuenten con un representante a esta importante comisión.

El legislador, en referencia a diversas denuncias periodísticas contra legisladores, recordó que las puertas de Ética están abiertas para cualquiera de los 130 legisladores o cualquier ciudadano que encuentre un mal proceder de un parlamentario para denunciarlo.

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