En el aniversario de su captura, Abimael responderá por Tarata

Coincidencias. Este martes 12 de setiembre se realizará una audiencia más por el atentado en 1992 de la recordada calle miraflorina.

Coincidencias. Este martes 12 de setiembre se realizará una audiencia más por el atentado en 1992 de la recordada calle miraflorina. Terroristas senderistas, autores materiales del sangriento hecho, confirmarán quiénes ordenaron la ejecución del criminal ataque subversivo.

El cabecilla senderista Abi­mael Guzmán volverá al ban­quillo de los acusados y fren­te a un tribunal que lo juzga por el delito de terrorismo, el mismo día que se cumplen 25 años de su captura, plani­ficada diligentemente por el grupo policial del Grupo Es­pecial de Inteligencia (GEIN).

Así, este 12 de setiembre, Guzmán junto a su esposa, Elena Iparraguirre y otros miembros de la cúpula cen­tral de Sendero Luminoso estarán presentes en una audiencia más por el juicio del caso Tarata, el atentado que ocasionó la muerte de 25 personas en la calle de Miraflores, ocurrida el 16 de julio de 1992.

El juicio está a cargo del Co­legiado “A” de la Sala Penal Nacional, que preside el juez superior René Martínez Cas­tro e integrado por los magis­trados Edhin Campos Barren­zuela (director de debates) y Hans Contreras Cuzcano.

Si bien el Poder Judicial ya dictó condena a los autores directos (materiales) del crimen; es decir, a quienes ejecutaron el atentado, este juicio determinará quién o quiénes planificaron el mis­mo, qué órdenes dieron y en qué momento.

Asimismo, la presencia de los acusados en la au­diencia del 12 de setiembre estará garantizada, pues deberán escuchar el inte­rrogatorio de los primeros testigos, que ha presentado el Ministerio Público.

Se trata de Juanito Gui­llermo Orozco Barrientos y Carlos Mora La Madrid, autores directos de los he­chos. Orozco, bajo el alias “Franco”, junto con Mora, “Daniel” y otros integran­tes del destacamento Nº 12 de Sendero planificaron el ataque al Banco de Crédito, ubicado en la intersección de la avenida Larco y Shell (por el frontis) y la calle Ta­rata (por la parte posterior).

De acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la noche del 16 de julio de 1992 había movimiento en la zona por lo que no pudieron llegar a su objetivo, llevando el coche bomba con rumbo a Tarata, a donde lo dejaron para que se deslizara solo y luego estallar casi 250 kilos de explosivos.

Ahora, ambos cabecillas de la organización subversiva deberán narrar los hechos nuevamente de la noche que tiñó de sangre y tendió un manto de incertidumbre, pánico y desolación sobre la cuadra 2 de la calle miraflo­rina.

Juicio seguro

Al inicio del juicio, los jueces del Colegiado A se­ñalaron a las partes que en todo momento del proceso se hará prevale­cer el Derecho a la Verdad, plasmado en la Corte Inte­ramericana de Derechos Humanos, toda vez que el atentado en la calle Tara­ta representó “una grave afectación a los derechos fundamentales, no solo de los agraviados, sino de la sociedad peruana”.

Además, el tribunal resol­vió que tiene absoluta le­gitimidad para juzgar este proceso por disposición del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que establece sus competencias en casos complejos sobre terroris­mo y a la violación de dere­chos humanos.

También garantizaron el legítimo derecho de defen­sa de las partes y rechazaron que este juicio esté dirigido con algún criterio político. Ello, pese a que en más de una oportunidad Guzmán Reinoso tuvo inconductas durante las audiencias con frases agraviantes, lo que originó que los jueces orde­naran su expulsión.

Tras esta medida, la mayo­ría de sus otros coacusados, como Elena Iparraguirre Revoredo, Florindo Flores Hala, Edmundo Cox Beuze­ville, Osmán Morote Barrio­nuevo, Margie Clavo Peralta le siguieron los pasos.

Querían prescripción

Los abogados de la cúpula terrorista, responsable del atentado en Tarata, han presentado sendos recursos para que prescriban los delitos imputados, no obstante la sala los declaró infundado al señalar que el plazo extraordinario de prescripción –según los artículos 80 y 83 del Código Penal– alcanza los 30 años, porque está relacionado a hechos sancionados hasta con cadena perpetua.

Se debe precisar que la Fiscalía también acusa a la cúpula senderista del delito de tráfico ilícito de drogas. Según la imputación, los cabecillas de Sendero Luminoso protegieron las actividades ilícitas de narcotraficantes a partir de los años 80.

Por todo ello, la Fiscalía solicitó para todos los procesados la pena de cadena perpetua así como el pago de S/ 400 mil como reparación civil.

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