Alistan millonario faenón para pagarle a Odebrecht y socias

Vacío legal. Vencimiento del Decreto de Urgencia 003 abriría posibilidad de lanzar salvavidas a corrupta empresa brasileña y consorciadas peruanas.

Una lluvia de millones de soles lanzaría el Ministerio de Economía y Finanzas, con total impunidad, y se convertirían en un verdadero “salvavidas” para el consorcio que lidera la constructora brasileña Odebrecht, por el Gasoducto Sur Peruano, que fue cancelado a inicios del año pasado. Esta millonaria cifra sería parte de una lesiva cláusula del contrato como parte de una “compensación” a la corrupta empresa.

La voz de alerta la dio ayer el prestigioso economista y catedrático, Carlos Adrianzén, en el programa de José Rocha, a través de la plataforma radio y televisión Exitosa. “Todo Lima conoce que hay unos chequecitos pendientes de ser firmados que tienen destinatarios muy claros en el MEF, y hay que hablar bien claro, vinculados incluso a proyectos tan discutibles y tan poco transparentes como fue el proyecto del Gasoducto Sur Peruano, y como es plata grande, hablamos de miles de millones de soles”, reveló.

Efectivamente, fuentes cercanas al portafolio que dirige la ministra Claudia Cooper, revelaron que se trataría de varios cheques que sumarían más de 2 mil millones de soles, destinados a la constructora al “activarse una cláusula relacionada a la valorización de los activos que invirtió el consorcio en ese proyecto”, el que finalmente fue rescindido por el Gobierno luego que el propio Marcelo Odebrecht aceptara haber sobornado a funcionarios peruanos para ganar la licitación de la megaobra.

El economista Adrianzén recomendó actuar con total transparencia, toda vez que se trata del dinero de los contribuyentes peruanos. “No hay que hacerle más daño a la economía, que ya está paralizada porque hay un déficit fiscal que supera los 8 mil millones de dólares”, sostuvo, en referencia al dispositivo legal que reemplazaría al Decreto de Urgencia 003 que vence el próximo 13 de febrero.

Sangran al Perú

Para el congresista de Frente Amplio, Justiniano Apaza, el posible “salvavidas” que el MEF otorgaría a la empresa brasileña, protagonista de la red más grande de corrupción de nuestro país y de Latinoamérica, no hace más que confirmar que este Gobierno “estaría sangrando aún más al Perú”, amparados en el vacío legal que se produciría desde el 14 de febrero y ante la ausencia de un marco legal de protección de los intereses del Estado.

“Yo, personalmente, emplazo a salir al frente, no solo a la ministra (Claudia) Cooper, que deberá responder por esta traición a la patria, sino también al contralor general, Nelson Shack, que no en vano gana 30 mil soles, y que prometió permanecer atento antes, durante y después del caso Odebrecht. Que ahora salga y explique qué está pasando, al igual que el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, esa es su función”, afirmó en tono categórico el parlamentario, en diálogo con diario Exitosa.

De acuerdo con la versión de los especialistas, la ausencia de un dispositivo legal que garantice el pago de la reparación civil de los daños ocasionados por la corrupta Odebrecht, que tendrá plena libertad para vender sus activos en el país, dejan abierta la posibilidad de que este reclame al Estado peruano el pago de una compensación que bordearía los USD 1,000 millones de dólares.

Pero aún hay más, esta millonaria cifra, tanto Odebrecht y sus consorciadas, en menos de 24 horas la podrían transferir a cualquier parte del mundo, toda vez que no existirían restricciones para la realización de sus operaciones bancarias, así como embargos u otras medidas.

 

DIEZ AÑOS DE ESPERA

El Gasoducto Sur Peruano tiene una larga historia y desde hace diez años espera convertirse en realidad. Se inició con un presupuesto de USD 1,400 millones, que se incrementó hasta superar los USD 5,000 millones.

Al estallar la corrupción de Lava Jato, Odebrecht y sus consorciadas no encontraron ninguna entidad financiera que les otorgara un préstamo para continuar el proyecto, que según sus propias versiones, tenía un avance de 35 por ciento.

La entonces ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín, anunció en noviembre del año pasado que la licitación de la ansiada obra se postergaba hasta finales del 2018.

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