OPINIÓN | Ántero Flores-Aráoz: Lujosas oficinas estatales

“Cuando tenemos carencias en servicios de salud, en educación, en seguridad ciudadana y en infraestructura vial, es por lo menos inmoral gastar fondos públicos en veleidades inmobiliarias…”

Por Ántero Flores-Aráoz / expresidente del Congreso de la República         

Últimamente se descubrió que algunas entidades del Estado estaban alqui­lando para oficinas costosos locales, pagando elevadísima renta por ello, incluso hasta adelantando mensuali­dades. Las edificaciones a las que nos referimos se encontraban en exclusivas zonas de la ciudad de Lima.

La renta que paga el Estado por lujo­sas oficinas, en buena cuenta sale de los impuestos que pagamos los contribu­yentes, y por ello tenemos legitimidad para criticar cuando hay dispendio en tales recursos, más sabiendo que el Es­tado tiene muchísimas obligaciones para con los administrados, pero que lamentablemente no puede cumplir con todas por carencias presupues­tales. Esta situación lleva a tener que priorizar algunas inversiones y gastos respecto a otros, por lo que no hay de­recho que se distraigan recursos pú­blicos para frivolidades, cuando se pueden conseguir otro tipo de oficinas que no sean las denominadas “prime” o las categorizadas como “A 1”.

Cuando tenemos carencias en servicios de salud, en edu­cación, en seguridad ciudadana y en infraestructura vial, es por lo menos inmoral gastar fondos públicos en veleidades inmobiliarias.

Estamos seguros que, si los funcionarios responsables de haber tomado en alquiler oficinas suntuosas para entidades estatales, tuvieran que alquilar oficinas para sus actividades privadas, no lo harían en locales lujosos y onerosos, sino que buscarían locales adecuados, con ubicaciones aparentes y con alquileres razonables. Es muy fácil gastar la plata ajena y cuidar la propia, pero cuando se administran recursos públicos, tienen que cautelarse como si fuesen privados, y todo ello bajo reglas de austeridad.

Algunas de las entidades públicas que han arrendado locales de lujo, aducen que no están perjudicando los ingresos tributarios del Estado, pues pagan los alquileres con los de­nominados “ingresos propios”, origi­nados en la retribución que hace el público en general por los servicios que les brinda, como pueden ser los Registros Públicos. Esto tampoco lo justifica, pues el remanente que pu­diera existir por la remuneración de los servicios estatales, debería rever­tirse al Tesoro Público para atender necesidades prioritarias, pero de ningún modo suntuarias.

De acuerdo con la ley, todas las entidades del sector público están obligadas a reportar los inmuebles con los que cuentan, así como su destino y utilización real, al Sistema Nacional de Bienes Estatales (SINABIP) que administra la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNB). Esta información en su conjunto es el margesí de bienes inmue­bles del Estado, en que se encuentran listados todos ellos, con su “Código Único SINABIP-CUS, en que está la información catastral del bien, así como la técnica, jurídica y económica”.

Si alguna entidad del Estado necesitase tomar en arren­damiento algún inmueble, debería previamente revisar el margesí central de bienes inmuebles del Estado, y solo si es que no existiera alguno desocupado y apto para el propósito requerido, según certificación que otorgue la SBN, allí recién podría tomar en alquiler el predio o predios que requiera, sin lujos ni pretensiones onerosas, que nos irritan a quienes pagamos puntualmente nuestros impuestos.

 

 

TAMBIÉN PUEDES LEER: